Una reciente modificación normativa ha encendido las alarmas entre numerosas asociaciones de deportistas. Se trata de una revisión al seguro obligatorio en el deporte, una cobertura esencial que ha permanecido prácticamente inalterada durante las últimas dos décadas. La forma en que se ha introducido esta enmienda, sin debate previo ni participación del sector, ha generado inquietud en torno a su legitimidad y a las consecuencias para miles de deportistas no profesionales.

El seguro obligatorio deportivo es una exigencia establecida en la Ley del Deporte para proteger a los practicantes ante posibles lesiones o accidentes derivados de su actividad. Desde 1993, la indemnización mínima se fijó en dos millones de pesetas (aproximadamente 12.000 euros), sin que desde entonces se haya actualizado conforme al coste de vida ni a los baremos vigentes en otros ámbitos, como el seguro de tráfico.

La Ley del Deporte de 2022 reconoció esta deficiencia e incorporó en su artículo 23.3 un compromiso de equiparar la cobertura del seguro obligatorio deportivo al baremo del seguro de circulación. No obstante, la reciente modificación desdibuja esta aspiración, provocando una reacción en cadena por parte del sector afectado.

La reforma ha sido introducida mediante una disposición adicional dentro de un proyecto legislativo no relacionado directamente con el deporte: la regulación del seguro de responsabilidad civil para patinetes eléctricos. Al no tratarse de una ley deportiva, la modificación pasó desapercibida en su trámite inicial, lo que ha sido interpretado por las asociaciones como una «maniobra silenciosa».

El cambio legal, respaldado por enmiendas de los grupos parlamentarios PP, PSOE y Junts, está aún en fase de Comisión, sin una fecha concreta para su paso al Pleno del Congreso. Mientras tanto, el debate ha salido del ámbito jurídico y ha cobrado fuerza en medios especializados y redes sociales.

Las principales organizaciones representativas, como la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), han denunciado tanto el fondo como la forma de la reforma. Entre sus principales argumentos destacan:

• La falta de transparencia y participación en el proceso legislativo.
• El mantenimiento de una indemnización obsoleta, claramente insuficiente ante los costes médicos y de rehabilitación actuales.
• El riesgo de que deportistas no profesionales, en especial en modalidades de riesgo o deportes de combate, queden desprotegidos ante accidentes graves.

Tambien se ha sugerido que el Consorcio de Compensación de Seguros podría asumir aquellas situaciones en las que el seguro obligatorio resulte insuficiente, a modo de red de seguridad adicional.

El mantenimiento de una cobertura tan limitada podría afectar directamente a clubes, federaciones y deportistas amateurs. En muchas disciplinas, como el judo, el boxeo, el rugby o el motociclismo, los costes de una lesión grave superan ampliamente los límites actuales de indemnización, generando situaciones de vulnerabilidad económica y social.

A nivel organizativo, también podría traducirse en un aumento de litigios, un freno a la participación en eventos federados y un replanteamiento de las condiciones de acceso a seguros complementarios.

La reforma del seguro obligatorio deportivo ha puesto de manifiesto una problemática de fondo: la necesidad de revisar con urgencia un sistema de protección que ha quedado obsoleto. Aunque el proceso legislativo aún no ha concluido, el debate generado subraya la importancia de incluir a todos los actores implicados en decisiones que afectan directamente a la salud, seguridad y derechos de los deportistas.

Desde una perspectiva divulgativa, resulta clave comprender que el seguro obligatorio no es un mero requisito administrativo, sino una herramienta de garantía que, bien diseñada, puede marcar la diferencia entre una recuperación digna y una situación de abandono. La actualidad legislativa nos recuerda que la seguridad en el deporte comienza también en el BOE.