La reciente resolución abre un debate de fondo que va mucho más allá de la lucha canaria: en el deporte base, los menores no pueden convertirse en rehenes de conflictos económicos entre entidades deportivas. Según esa información, la Dirección General de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias ha considerado que no puede impedirse competir en pruebas oficiales a deportistas menores de 16 años por el impago de derechos de formación reclamados por su club de origen.
El núcleo del asunto está en cómo debe interpretarse el artículo 20 de la Ley 1/2019, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. La norma prohíbe exigir derechos de retención a los menores de 16 años, precisamente para proteger su promoción y proyección deportiva. Al mismo tiempo, admite que puedan existir derechos de formación o compensaciones económicas en determinados supuestos. El problema aparece cuando esa reclamación económica termina produciendo, en la práctica, un bloqueo competitivo del menor.
Y aquí conviene ser muy claros: una cosa es que dos clubes mantengan una controversia económica y otra muy distinta es que el deportista menor vea paralizada su carrera por un conflicto ajeno a su interés deportivo. Cuando la licencia puede tramitarse pero el menor no puede competir hasta que se pague una cantidad, el efecto real no es administrativo, sino material: se restringe su movilidad, se condiciona su evolución y se vacía de contenido su derecho a participar. Ese es, precisamente, el punto de choque que aflora entre la ley canaria y el reglamento de la lucha canaria aprobado en 2019.
Desde una perspectiva de gobernanza deportiva, la señal que deja este caso es potente. El deporte formativo no puede operar con lógicas pensadas para blindar activos o retener talento a cualquier precio. Si el sistema quiere proteger la cantera, debe hacerlo con incentivos razonables, mecanismos transparentes y vías de compensación que no castiguen al menor. Lo contrario supone trasladar al niño o al adolescente el coste de una disputa que pertenece al plano institucional.
Para el ecosistema deportivo, esta resolución apunta una hoja de ruta bastante nítida. Primero, separar de forma tajante el derecho del menor a competir del eventual crédito económico entre clubes. Segundo, revisar reglamentos federativos que puedan generar retenciones indirectas o encubiertas. Y tercero, alinear la normativa interna con un modelo de protección del menor coherente con la legislación vigente y con los principios de entorno seguro en el deporte.
En COEDPI llevamos tiempo defendiendo una idea sencilla: en categorías de formación, el sistema deportivo debe priorizar la seguridad, la progresión y la protección real del menor. Eso afecta a la integridad física, a la adecuación de categorías y niveles, y también a las barreras administrativas o económicas que pueden limitar injustamente el desarrollo deportivo. Los menores necesitan estructuras que les impulsen, no mecanismos que los bloqueen.
Lo ocurrido en Canarias puede convertirse en un precedente relevante. No solo para la Lucha Canaria, sino para cualquier modalidad en la que la regulación federativa corra el riesgo de anteponer los intereses económicos de los clubes al interés superior del menor. El mensaje estratégico debería ser inequívoco: la formación se protege, sí; pero nunca a costa de paralizar al deportista más vulnerable.
