Esta mañana, gracias al voto del diputado Pedro Quevedo de la formación Nueva Canaria, se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, una PL (Propuesta de Ley) para elaborar una nueva regulación NACIONAL contra el intrusismo en la docencia de la Actividad Física y el Deporte.
Muchas autonomías como Cataluña, Madrid, Extremadura, Andalucía o Región de Murcia entre otras ya disponen de legislaciones autonómicas de «Regulación de Profesiones del Deporte», sin embargo esta ley si finalmente sale adelante, aglutinaría todas ellas (más las autonomías que aún no disponen de legislación propia) bajo unas mismas directrices.
Algunas entidades como la UFEC (Unión de Federaciones Deportivas Catalanas) ya se han mostrado en contra, pues temen que la regulación nacional pueda de algún modo restar competencias a los diferentes territorios españoles que ya disponen de legislaciones propias, por otro lado se teme que esta legislación colapse el mercado laboral al pedir requisitos que muchos profesionales a día de hoy podrían no tener, quedando muchos clubes y gimnasios sin profesorado suficiente (en regla) para atender la demanda de alumnado.
Por otro lado, desde el Consejo COLEF (el organismo que regula los Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física) se cree que esta ley se centra demasiado en el deporte de competición, dejando a la inmensa mayoría del sector sin regular adecuadamente ya que en su opinión el mercado abarca mayoritariamente puestos de trabajo dirigidos a la docencia en actividad física por salud, recreación, ocio y otras, fuera del mercado competitivo oficial.
Como siempre, desde COEDPI estaremos al día de todas las novedades las cuales os iremos transmitiendo, así como la necesidad o no, de realizar algún tipo de trámite para seguir trabajando como docentes a quienes no posean los requisitos mínimos de esta nueva ley aprobada la propuesta, pero aún sin salir.
Aprobación de la Propuesta de Ley en el Congreso
Esta mañana, gracias al voto del diputado Pedro Quevedo, representante de la formación Nueva Canarias, el Congreso de los Diputados ha aprobado una Propuesta de Ley (PL) que plantea la creación de una regulación nacional contra el intrusismo en la docencia de la Actividad Física y el Deporte.
El mapa autonómico y el objetivo de unificación normativa
Aunque muchas comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, Extremadura, Andalucía o la Región de Murcia ya cuentan con normativas específicas bajo la denominación de «Regulación de Profesiones del Deporte», la nueva propuesta aspira a establecer una legislación marco nacional. Esta ley tendría como objetivo armonizar criterios entre territorios, integrando tanto a las autonomías con regulación vigente como a aquellas que aún no han legislado sobre esta materia.
Reacciones encontradas: apoyo y oposición desde el sector
La propuesta ha despertado posiciones encontradas entre actores clave del sector. La Unión de Federaciones Deportivas Catalanas (UFEC) ha expresado su rechazo a la iniciativa, argumentando que podría suponer una pérdida de competencias para aquellas comunidades que ya cuentan con su propia normativa. Además, se teme que el establecimiento de nuevos requisitos legales derive en un colapso del mercado laboral, ya que muchos profesionales activos actualmente podrían no cumplir con las futuras exigencias, dejando a clubes, gimnasios y otras entidades sin suficiente personal cualificado.
Las críticas del Consejo COLEF: una visión más allá del deporte competitivo
Por otro lado, desde el Consejo COLEF —el organismo que agrupa a los Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física— se ha señalado que la propuesta actual está excesivamente centrada en el ámbito del deporte competitivo. Según esta institución, el grueso del mercado laboral en actividad física está compuesto por profesionales que trabajan en contextos de salud, recreación, ocio y docencia no competitiva, que podrían quedar insuficientemente regulados bajo esta normativa.
Ventajas esperadas de una regulación nacional
Los defensores de la ley argumentan que una regulación unificada mejorará la calidad de la enseñanza, protegerá a los usuarios y establecerá unos estándares profesionales mínimos que garanticen la seguridad y la eficacia en la prestación de servicios. La falta de control en la actualidad ha facilitado la presencia de instructores sin la formación adecuada, exponiendo a los practicantes a riesgos físicos y desinformación.
Además, esta nueva legislación podría suponer un avance importante en términos de reconocimiento profesional, al establecer rutas formativas claras, homologación de titulaciones y un registro nacional de profesionales acreditados. Esto daría mayor transparencia al mercado laboral y permitiría a las instituciones contratar con garantías.
Riesgos de exclusión y el reto de la transición
No obstante, uno de los desafíos será el diseño de un sistema transitorio que permita regularizar la situación de miles de profesionales que, pese a no contar con titulaciones oficiales, poseen experiencia y formación adquirida a través de vías no formales. La ley deberá contemplar mecanismos de evaluación y convalidación para evitar una exclusión masiva.
Llamado al consenso y seguimiento institucional desde COEDPI
Desde COEDPI hacemos un llamado a la reflexión y al consenso entre los diferentes actores implicados: administraciones públicas, entidades formativas, colegios profesionales, federaciones, centros deportivos y profesionales en activo. La protección de la profesión y del usuario final debe ser el eje central de esta regulación.
A la espera del desarrollo legislativo posterior y de la concreción del texto final, desde COEDPI reiteramos nuestro compromiso de mantener informada a toda la comunidad profesional. Seguiremos de cerca cada avance legislativo, evaluando la necesidad de realizar trámites específicos para aquellos docentes que actualmente no cumplan con los nuevos requisitos mínimos que podrían entrar en vigor.
Recomendamos a todos los profesionales mantenerse atentos a las próximas comunicaciones oficiales, así como preparar la documentación que acredite su formación, experiencia y cualificación, en previsión de un posible proceso de regularización.
Esta propuesta es solo el primer paso. La redacción definitiva y su posterior aprobación marcarán un hito decisivo en la profesionalización y protección del sector.
