LaLiga dará un nuevo paso en la protección de las personas asistentes a los estadios a partir de la próxima temporada. Los clubes deberán contar con una figura específica de referencia frente a la violencia de género y sexual: la persona delegada de protección. Esta medida forma parte de un protocolo-guía presentado recientemente y orientado a prevenir, detectar y actuar ante situaciones de discriminación, abuso, acoso sexual y violencia por razón de sexo-género en el entorno del fútbol profesional.
La novedad no es menor. No se trata solo de sumar un nuevo rol organizativo dentro de los clubes, sino de profesionalizar la respuesta ante conductas que durante años han sido tratadas de forma dispersa o reactiva. El nuevo marco plantea una arquitectura operativa más robusta: cada club deberá disponer de su propio protocolo, designar formalmente a la persona responsable, acreditar formación específica y ejecutar simulacros periódicos para comprobar que el sistema funciona también en escenarios reales.
Otro punto relevante es la creación de una red visible de atención dentro de los estadios. El protocolo prevé al menos un punto de información y asistencia por grada, además de agentes y salas violetas para atender a víctimas o personas afectadas. La lógica es clara: que cualquier asistente, con independencia del estadio en el que se encuentre, identifique de forma inmediata dónde acudir, quién le puede atender y qué recursos tiene a su disposición.
La medida tiene además una doble dimensión. Por un lado, refuerza la capacidad de intervención ante incidentes concretos. Por otro, lanza un mensaje estratégico al conjunto del ecosistema deportivo: el estadio no puede ser una excepción en materia de prevención, igualdad y garantía de derechos. Según la información publicada, el protocolo se ha desarrollado durante dos años en colaboración con la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, lo que refuerza su orientación práctica y coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
También conviene poner esta decisión en contexto. España cuenta ya con un armazón normativo amplio en materia de prevención y respuesta frente a la violencia y la discriminación. La Ley 19/2007 fija obligaciones en la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte; la Ley Orgánica 1/2004 articula la protección integral frente a la violencia de género; y la Ley Orgánica 10/2022 refuerza la garantía integral de la libertad sexual y la prevención de las violencias sexuales. Lo que ahora hace LaLiga es trasladar ese marco legal al terreno operativo de los eventos deportivos con una metodología más concreta y homogénea.
Desde una perspectiva de gestión, la figura del delegado o delegada de protección puede convertirse en un activo clave. No solo por su función de reacción ante incidentes, sino por su capacidad para ordenar protocolos, formar personal, mejorar la coordinación interna y reducir zonas grises en la toma de decisiones. En términos de compliance, reputación institucional y seguridad integral, el impacto puede ser significativo.
La cuestión de fondo es si esta transformación se quedará en una obligación formal o si servirá para cambiar de verdad la cultura de los estadios. Ahí estará el KPI real del modelo. Porque nombrar responsables, instalar puntos visibles o redactar protocolos es el primer paso. El verdadero valor llegará cuando las personas asistentes perciban que existen canales eficaces, respuestas rápidas y una tolerancia cero real frente a cualquier forma de violencia o acoso.
En ese sentido, la decisión de LaLiga marca una dirección de futuro: estadios más seguros, estructuras más profesionales y una visión del deporte que no solo mire al espectáculo, sino también a la protección efectiva de quienes lo viven dentro y fuera del terreno de juego.
