ARTÍCULO

Nueva Orden Ministerial elecciones Federativas

El pasado 25 de enero de 2024, el Consejo Superior de Deportes (CSD) aprobó de forma definitiva una nueva orden ministerial que regirá los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Españolas. Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, introduce cambios significativos orientados a reforzar la igualdad de género, la inclusión y la transparencia democrática en el ámbito federativo.

Contexto normativo y proceso participativo

La nueva orden surge tras un largo proceso de revisión del marco electoral anterior. En septiembre de 2023, el CSD presentó el borrador inicial del proyecto, abriendo un periodo de alegaciones que generó más de 1.000 folios de comentarios, observaciones y propuestas. Una parte significativa de estas alegaciones fueron presentadas por actores relevantes del sistema deportivo español, como la Real Federación Española de Fútbol y La Liga, reflejando el alto grado de interés y la complejidad de la materia regulada.

Tras la revisión jurídica por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y los informes favorables de la Abogacía del Estado, la ministra Pilar Alegría dio luz verde a una normativa que actualiza y moderniza las bases del sufragio federativo cada cuatro años.

Novedades clave en la orden ministerial

Una de las innovaciones más destacadas es la incorporación de principios derivados de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La nueva orden promueve activamente el aumento de la representación femenina en las asambleas generales, con especial atención a los estamentos de atletas, entrenadoras y árbitras. Esta medida se alinea con los compromisos internacionales y estatales de equidad de género en todos los niveles de participación deportiva.

Además, la orden reconoce expresamente la existencia de competiciones masculinas y femeninas dentro de la misma federación, eliminando ambigüedades anteriores. Asimismo, establece mecanismos para incentivar la participación de deportistas con discapacidad física o intelectual, reforzando el principio de inclusión como eje rector de las políticas deportivas públicas.

Impacto sobre la igualdad y la inclusión

La presencia equilibrada de mujeres en los órganos de representación federativa no solo contribuye a corregir desigualdades históricas, sino que enriquece la toma de decisiones desde una perspectiva plural. Del mismo modo, la inclusión de deportistas con diversidad funcional visibiliza su aportación al tejido deportivo, favoreciendo estructuras más integradoras y justas.

Estas medidas no son meros gestos simbólicos: tienen implicaciones directas en la gobernanza del deporte español, favoreciendo una mayor implicación de colectivos tradicionalmente infrarrepresentados.

Garantías democráticas y nuevas exigencias de transparencia

La nueva normativa refuerza el principio de sufragio igual, libre, directo y secreto, incorporando garantías adicionales para los procesos de voto por correo. A diferencia de la regulación anterior, ahora será obligatorio acreditar la identidad del votante en caso de emisión de voto postal, lo que refuerza la autenticidad del proceso.

Asimismo, se establece la obligación de que las federaciones publiquen de forma detallada todas las fases del proceso electoral, incluyendo censos, proclamaciones, candidaturas y resultados, no solo en su sede física, sino también en todos los canales digitales y redes sociales donde tengan presencia institucional. Esta medida está diseñada para aumentar la visibilidad del proceso, facilitar la participación de nuevos colectivos y garantizar el acceso a la información de federados más jóvenes, que muchas veces consultan exclusivamente medios digitales.

Conclusión

La aprobación de esta nueva orden ministerial marca un avance relevante en la democratización del deporte federado español. Más allá de actualizar formalmente los procedimientos electorales, introduce elementos esenciales para fomentar la participación de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, al tiempo que fortalece los mecanismos de transparencia y control. Desde COEDPI seguiremos atentos a la implementación práctica de esta normativa y su impacto en las diferentes estructuras federativas del país.